Por Bianca Padró Ocasio/ Milagros Berríos
Ojo Público
Fuente: Ojo Público
Un informe —elaborado por la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition)— ha identificado las debilidades en la transparencia financiera de Estados Unidos que favorecen a la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía. Perú y Colombia registran casos donde estos flujos financieros ilícitos han llegado a Estados Unidos. Los delitos ambientales son el tercer tipo de actividad delictiva más importante en el mundo, con una recaudación mayor a USD 281.000 millones al año, de acuerdo al estudio. Pese a ello, aún existen vacíos en las leyes de Washington que ocultan a los verdaderos dueños de empresas fachada, facilitan el lavado de activos, y le dan legitimidad a transacciones de origen ilegal.
A pesar de sus políticas de conservación y metas ambientales en todo el mundo, Estados Unidos se ha convertido en un facilitador de flujos financieros ilícitos vinculados a los delitos ambientales en la Amazonía, señala un reciente informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition, por su nombre en inglés), de Estados Unidos.
Según el informe Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía: descubriendo el papel de Estados Unidos en los flujos financieros procedentes de los delitos ambientales en Perú y Colombia, existen vacíos en las leyes de Washington que ocultan a los verdaderos dueños de ciertos tipos de empresas y le dan legitimidad a transacciones de origen ilegal.
Esta opacidad —concluye el documento— entorpece las investigaciones criminales transfronterizas desde Perú o Colombia para ir tras los actores del financiamiento ilegal, por lo que se recomienda un mejor protocolo para compartir información investigativa con las autoridades de los países de la cuenca amazónica.
El director ejecutivo de FACT Coalition, Ian Gary, señaló que Estados Unidos es el principal contribuidor de la falta de transparencia financiera y tiene un papel determinante para combatir los flujos ilícitos.
Se estima que en los últimos 10 años, se han perdido un millón de hectáreas de agua en los territorios amazónicos, en parte por los efectos de la deforestación en ascenso y la crisis climática.
Varios reportajes de OjoPúblico han expuesto el avance de organizaciones criminales multinacionales en este territorio compartido por nueve países de América Latina, el avance del narcotráfico y la expansión de la extracción del oro ilegal en Perú también hacia nuevos territorios que amenazan la seguridad y los recursos de las comunidades indígenas que allí habitan.
A través de 19 entrevistas en América Latina y Estados Unidos, los autores del informe se enfocaron en Colombia y Perú por ser ejemplos emblemáticos de los retos para frenar la extracción del oro ilegal y la deforestación del territorio amazónico. En sus hallazgos, señalan que los crímenes ambientales y sus fuentes de financiación son prioridades relativamente nuevas para las autoridades en Estados Unidos.
Detrás de los crímenes ambientales
Según el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el dinero de origen ilegal que se mueve por el sistema financiero de ese país representa el 2% de su Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que equivale a casi USD 466.000 millones. En 2021, Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, confirmó el grado del problema: “Existen argumentos sólidos de que, en la actualidad, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias obtenidas de forma ilícita es, de hecho, Estados Unidos”.
Para América Latina, Estados Unidos es uno de los principales destinos de fondos ilícitos por su proximidad geográfica y sus lazos comerciales, según el Instituto Igarapé de Brasil.
“Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un sólido marco para la prevención del lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), existen brechas críticas —como el uso extendido de entidades anónimas y la exclusión en las normas AML de determinados profesionales que actúen como barrera, como los agentes inmobiliarios— que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza”, sostiene el informe. Además, el documento precisa que, aunque haya una reforma en camino, aún no existe una base de datos pública ni privada en EE. UU. que identifique los verdaderos beneficiarios “finales” de empresas constituidas o registradas en el país.
Hay señales de que los controles podrían aumentar en un futuro cercano. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) está actualmente trabajando en la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa, que el Congreso de EE. UU. aprobó en 2021. Sin embargo, los investigadores de FACT Coalition advierten que las reglas actuales no toman en cuenta una forma de compartir información crítica con autoridades de otros países para llevar a cabo investigaciones criminales transfronterizas.
“Por ley, las autoridades extranjeras deben solicitar información a través del gobierno de Estados Unidos. Aun así, las normas de implementación actuales suponen obstáculos innecesarios para que las autoridades de aplicación de la ley extranjeras accedan y utilicen la información en sus investigaciones y procesos penales”, dice el informe.
Los autores del informe, además, destacan el rol de los Estados Unidos como un país líder diplomático, y que esa posición es una herramienta importante “para ampliar el enfoque en los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos ambientales” a nivel internacional. También indican que, al no priorizar la fiscalización del lavado de activos que provienen de delitos ambientales, el país no está cumpliendo con sus propias políticas ambientales.
“Al no abordar las brechas de su marco nacional de prevención del lavado de dinero, Estados Unidos socava su propia política de conservación y su capacidad para mitigar los delitos ambientales y sus flujos financieros asociados. Los reguladores de Estados Unidos, los contribuyentes estadounidenses y los socios extranjeros tienen interés en garantizar que las reformas estructurales de Estados Unidos avancen para mejorar la eficacia de los esfuerzos de conservación”, señala el informe.
Casos de estudio en Perú y Colombia
El informe identifica casos en Perú y Colombia donde los flujos financieros ilícitos vinculados a minería ilegal o delitos forestales han llegado a Estados Unidos. El primero, referido a lavado de activos por extracción ilícita de oro, es el de Pedro David Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari.
Este empresario peruano, a través de compañías ficticias en EE. UU. y Chile, le vendió oro ilegal a la empresa refinadora NTR Metals, con sede en Miami. En 2018, tres de los empleados de la compañía fueron acusados de cargos relacionados al lavado de activos y recibieron sentencias significativas. La empresa matriz de NTR Metals, Elemetal LLC, también se declaró culpable de violar leyes contra el lavado de activos y perdió USD 15 millones.
En 2015, otra compañía estadounidense, Global Plywood, registrada en el estado de Nevada, le compró 1.135 metros cúbicos de madera ilegal a un grupo de proveedores peruanos, refiere el informe. La empresa se declaró culpable en 2021 por violar la Ley Lacey –que aborda el tráfico ilegal de plantas, pescado o animales– y admitió que no actuó con la debida diligencia para verificar el origen de la madera que estaba comprando.
El informe también cita como evidencia el caso del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de recibir USD 1,2 millones en coimas de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica, un punto crítico para la deforestación en la Amazonía, entre Perú y Brasil. Dicho monto —subraya el estudio— fue usado para comprar propiedades en el estado norteamericano de Maryland.
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Varios casos en Colombia cuentan historias similares de cómo los fondos de los crímenes ambientales en la Amazonía acaban en EE. UU. Según fiscales colombianos, la empresa nacional Goldex usó presuntamente una cadena de empresas anónimas como sus abastecedores de oro, que en realidad tenía orígenes ilegales a través de todo el país. Esas empresas desaparecían poco después de las transacciones. También nombraba como suplidores del mineral a personas que nunca existieron o habían fallecido.
El oro en manos de Goldex acababa en compañías estadounidenses como Republic Metals Corp., que en 2019 se acogió a la ley de bancarrota y llegó a un acuerdo con las autoridades federales para mejorar su protocolo contra el lavado de activos, a cambio de que no enjuiciaran a la compañía. Goldex, por su parte, fue sancionada por las autoridades colombianas.
El impacto de los delitos ambientales
En Perú y Colombia, la minería ilegal y delitos forestales han destruido miles de hectáreas de la selva amazónica, afectado a las comunidades locales y a los grupos indígenas con sustancias tan tóxicas como el mercurio. También han significado el avance de otras actividades ilícitas como el narcotráfico, la violencia y la corrupción, de acuerdo al reciente estudio de FACT Coalition.
Estos delitos ambientales son una de las múltiples herramientas de las que se valen las redes criminales —como grupos armados violentos y organizaciones de tráfico de drogas— para aprovecharse de las ganancias obtenidas de forma ilícita, ocultarlas y lavarlas.
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En Perú —décimo productor de oro en el mundo y segundo en Latinoamérica— la minería ilegal es la actividad delictiva más rentable del país, equivalente a USD 871 millones en un año. También, el delito con el mayor monto acumulado de operaciones sospechosas: USD 8.172 millones, entre 2013 y febrero de 2023, de acuerdo a los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), citados por el referido informe.
“Hemos tenido casos en los que podemos seguir el rastro de la ruta del dinero sucio hasta la implicación de la empresa estadounidense”, señaló Daniel Linares Ruesta, intendente de análisis operativo de la UIF-Perú en este informe.
En Colombia, en tanto, el oro ilegal representa hasta un 80% de la producción total de mineral en este país, según el estudio. En ese contexto, este mineral se ha convertido en uno de los bienes más lucrativos para los grupos criminales e, incluso, ex miembros disidentes de las FARC extorsionan a las comunidades locales en sus actividades mineras.
El complejo rastreo de este mineral facilita su circulación por las fronteras y dado que no se trata de una sustancia ilegal en sí misma, las autoridades sostienen que resulta difícil determinar la legitimidad de la procedencia original de este metal.
El valor monetario de la minería ilegal de oro es considerable, pero el costo medioambiental y humano es aún mayor. “La actividad minera ilegal durante estos últimos años ha ido creciendo alrededor de comunidades nativas, pero también en algunas áreas naturales protegidas. Nos hemos visto afectados porque los ríos, territorios han sido depredados [...]. Eso ha perjudicado no solo la dieta alimentaria, sino ha habido contaminación de los ríos y eso ha producido comuneros contaminados con plomo, mercurio en sus cabellos, en la sangre”, señaló Julio Cusurichi, líder indígena del pueblo shipibo konibo de Madre de Dios.
A causa de las actividades mineras auríferas, además, más de 31.000 hectáreas de bosque fueron destruidas en el sureste de la Amazonía peruana, entre 1985 y 2009. Esta cifra se duplicó entre 2010 y 2017 (64.587 hectáreas).
En otros delitos ambientales como el tráfico de madera y la tala ilegal también existen casos en los que se ha usado documentación falsificada para la exportación de esta materia prima a compradores internacionales, muchos de ellos grandes corporaciones y actores ilícitos del sistema financiero.
Susan Breitkopf, directora adjunta de campañas forestales de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), ratifica que en Perú y Colombia se han detectado hechos ilegales a lo largo de la cadena de suministro de la madera, que incluye el bosque, los inventarios, el transporte y los permisos.
“Perú es un exportador muy importante de Estados Unidos en términos de madera [...]. En Perú se hace un mal uso de permisos, incluso se comercia con permisos. En Colombia puedes ir a un pueblo y comprar un permiso de transporte si lo necesitas para la madera. Entonces va en toda la cadena de suministro y la corrupción que subyace es muy importante. Así que tenemos empresas ilegales y empresarios que cooperan con los gobiernos regionales en estos delitos”, señaló.
Un delito convergente de los llamados delitos ambientales es la corrupción, la cual debilita los sistemas de gobernanza de formas que pueden amenazar la capacidad de los gobiernos de evitar los delitos ambientales y exigir a estos delincuentes que rindan cuentas.
De acuerdo al informe, además, este delito puede infiltrarse en las cadenas de suministro, las agencias reguladoras y de comercio, las unidades de policía, los sistemas judiciales, así como en los políticos nacionales, de forma que benefician a los delincuentes ambientales u otros actores y proyectos corruptos, en perjuicio de la protección del medio ambiente.
Líderes regionales piden fiscalización
El rol de los EE. UU. y los países más ricos en la degradación del ecosistema amazónico ha sido un enfoque reciente de líderes en la región.
Durante la firma de la Declaración de Belém, publicada este pasado agosto durante la Cumbre Amazónica en Brasil, los líderes de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica denunciaron el “incumplimiento por parte de los países desarrollados” de acuerdos internacionales –como el Acuerdo de Kunming Montreal y el Acuerdo de París– para la mitigación de emisiones de carbono y la contribución de 200.000 millones de dólares al año de financiamiento ambiental para el 2030.
Como también se señala en el informe, los líderes de la OTCA acordaron durante ese encuentro fortalecer la fiscalización transfronteriza de la Amazonía, a través del intercambio de información y recursos. Aunque activistas ambientales, comunidades indígenas y miembros de la sociedad civil no quedaron del todo satisfechos con la Declaración por no abordar la extracción de hidrocarburos en la región amazónica, sí han reconocido que fue un punto importante de partida.
“Fue una parte muy importante del escenario político en la región porque Brasil y Colombia tratan de ser los líderes”, dijo Vivian Calderoni, investigadora senior en el Instituto Igarapé, durante la presentación del informe de la Coalición Fact en Washington. “Esto abre oportunidades para que la sociedad se beneficie de esa implementación y haya cambios reales”.
Comentario
El informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition) pone de relieve una realidad preocupante: la falta de transparencia financiera en Estados Unidos que facilita la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía. El panorama de tal problema es altamente relevante si se consideran cuestiones como la importancia de la Amazonía en el equilibrio ambiental del planeta.
Como internacionalistas, es fundamental reconocer el papel de Estados Unidos en este contexto. Y es que, a pesar de ser un país líder diplomático, su falta de acción para combatir los flujos financieros ilícitos, en este caso, procedentes de delitos ambientales en América Latina socava sus propias políticas ambientales y nacionales y al mismo tiempo, da luz del impacto internacional de las mismas ya que afectan negativamente a la región latinoamericana.
Ante esta situación, Estados Unidos, como principal contribuidor a esta falta de transparencia que justamente cumple como destino del dinero generado por tales delitos, tiene una responsabilidad significativa en trabajar de manera ardua en la lucha contra los flujos financieros ilícitos a través de medidas efectivas para cerrar los vacíos legales que permiten el lavado de activos y la legitimación de transacciones ilegales.
Además, es fundamental establecer mecanismos de cooperación internacional para investigar y perseguir a los responsables de estos delitos, garantizando que los recursos financieros ilegales no sigan alimentando la destrucción de la Amazonía y otros ecosistemas vulnerables. Para ello, es necesario concertar una acción conjunta establecida en políticas nacionales multisectoriales de los países involucrados. Solo mediante la colaboración entre países y la adopción de medidas concretas podremos proteger este invaluable patrimonio natural y las comunidades que dependen de él. La interrogante es: ¿Será Estados Unidos parte de este cambio?
Fuente original: Padró, B. & Berríos, M. (2023). El secreto financiero en EE.UU. abre las puertas a los delitos ambientales de la Amazonía. Ojo Público. https://ojo-publico.com/latinoamerica/el-secreto-financiero-eeuu-abre-las-puertas-al-crimen-ambiental
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